Por medio de su unidad especializada, la División Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), el instituto armado reforzó la vigilancia en esa zona de Tegucigalpa, donde el servicio de transporte permanece paralizado desde hace cuatro días por ese flagelo.

Tras los recientes hechos violentos perpetrados contra conductores y ayudantes de buses que cubren la ruta entre Ulloa y el centro metropolitano, se asignaron patrullas motorizadas a lo largo del recorrido para garantizar la seguridad de los trabajadores del vital medio de locomoción.

“El objetivo principal es brindar las condiciones necesarias para que los transportistas puedan reanudar sus labores de forma inmediata”, informó Mario Fu, vocero de la Dipampco.

Además de la presencia policial visible, la unidad especializada activó equipos de inteligencia e investigación para rastrear y capturar a los responsables de los ataques.

De acuerdo con el vocero, varios de los delincuentes implicados en los sucesos de intimidación son desertores de estructuras criminales tradicionales, como pandillas, que optaron por formar nuevas bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Fu ratificó el compromiso de la institución con los trabajadores del transporte, y aseguró la continuidad del monitoreo de las rutas afectadas para protegerlos de las redes criminales que intentan controlar el sector por la vía del terror, además del acompañamiento constante a las víctimas.

Durante 2025, la Dipampco fortaleció su estrategia a través de mesas de trabajo interinstitucionales junto a fiscales, transportistas y equipos de investigación, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de la nación centroamericana.

“Gracias a estas mesas de trabajo, se ha logrado eliminar el delito de extorsión en puntos críticos del país. Nuestro esfuerzo es constante”, enfatizó el portavoz.

El Gobierno de Honduras aprobó el pasado viernes la vigésima segunda extensión, por otros 45 días (hasta el 16 de agosto), del estado de excepción parcial, implementado en diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia en el país.

La extrema violencia que enfrenta Honduras perturba gravemente la paz a nivel nacional y hace indispensable y urgente continuar con todas las medidas orientadas al restablecimiento del orden público y la protección de la vida humana, como fin supremo de la sociedad, reza el decreto.

Conocidos como maras, grupos formados por jóvenes y adultos controlan algunos barrios de Honduras, con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.

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