El tratado es cuestionado por distintas voces tanto por no declarar a Kigali como agresor de la RDC, como por la ausencia de disposiciones relativas a la justicia para las víctimas de la guerra y por considerarlo como un intercambio económico con el país vecino y Estados Unidos a costa de la paz.

“Debemos verlo como un acuerdo que se ha centrado en los problemas que actualmente constituyen el mayor obstáculo. ¿Significa esto que la cuestión de la justicia es irrelevante o no es una prioridad, especialmente para el gobierno congoleño? En absoluto”, sostuvo la canciller en declaraciones a la prensa.

La ministra insistió en que no se puede esperar que un acuerdo de paz sea una capitulación y, para garantizar su correcta implementación, se evitó humillar a la otra parte.

“Esto no significa que la cuestión de la justicia sea irrelevante. Y esto no significa que la cuestión de la justicia no esté avanzando. Está avanzando a través de nuestros discursos, a través de la Corte Penal Internacional, a través de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos”, afirmó.

Kayikwamba Wagner subrayó que el documento no es un acuerdo económico entre RDC y Estados Unidos, ni un acuerdo comercial bilateral con Ruanda; sino un “compromiso político y de seguridad, centrado en el respeto a la soberanía, el cese de hostilidades, la retirada de las fuerzas extranjeras, el fin del apoyo a grupos armado”.

Aclaró que tampoco persigue una integración generalizada de los grupos armados, lo cual se hará con base en criterios de aptitud moral y física, y sin olvidar las lecciones aprendidas del pasado.

“No se trata de una amnistía encubierta ni de un reciclaje de los grupos armados, sino de un proceso riguroso, respetuoso con el orden republicano”, remarcó.

La canciller agregó que el tratado no prevé ninguna compensación económica ni compromiso económico vinculante entre la RDC y Ruanda, mientras se espera que permita restaurar la autoridad estatal congoleña en las zonas actualmente ocupadas por los rebeldes.

ro/kmg