El reclamo está contenido en una declaración de 36 organizaciones humanitarias y de parientes de desaparecidos durante el llamado conflicto interno vivido entre los años 1980y 2000, sobre todo en las regiones andinas.

El pronunciamiento difundido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza la permanencia en el cargo del titular de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Javier Pacheco.

Argumenta que el funcionario ha paralizado procesos de búsqueda humanitaria en varias regiones, sin justificación técnica ni legal, contra los esfuerzos de los familiares por recuperar los restos de los caídos.

Cuestionan el cambio de estrategia de la búsqueda, al tratar casos individuales, pese a que, como la mayoría de los desaparecidos han sido víctimas de matanzas colectivas y, por ello, hasta ahora las pesquisas se han enfocado en las fosas comunes.

Según estimados de diversas fuentes, el conflicto dejó un saldo de 22 mil 295 desaparecidos, de los que, hasta octubre de 2023, solo se encontraron dos mil 582.

Las organizaciones añaden que Pacheco no toma en cuenta las dificultades que enfrenta la búsqueda, como la permanente ausencia de colaboración de militares y policías y su enfoque enfoca el problema como un trámite administrativo e ignorando “su carácter humanitario, histórico y reparador”.

Ante la situación denunciada, añade el comunicado, “reafirmamos que el derecho a la verdad no puede gestionarse desde la impunidad y seguiremos luchando contra toda medida impuesta a espaldas de quienes exigen memoria, justicia y dignidad”.

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