Ante la comitiva encabezada por John Lindsay-Poland, quien coordina el proyecto “Stop US Arms to Mexico”, el funcionario expresó sus condolencias por este flagelo y refrendó el compromiso de su país para frenar ese flujo y las trágicas consecuencias de su venta irresponsable.

De acuerdo con un comunicado de la cartera, De la Fuente hizo énfasis igualmente en la necesidad de trabajar en una estrategia más efectiva de comunicación que sensibilice sobre el impacto negativo de este fenómeno a las comunidades de ambos países.

Por su parte, el grupo subrayó que aproximadamente 45 mil personas mueren anualmente en Estados Unidos por estos artefactos y que más de 1,3 millones resultaron heridas por estas mismas armas desde la matanza de la escuela Sandy Hook en diciembre de 2012.

En su opinión, son las mismas armas, vendidas en Estados Unidos, las que cobran víctimas en ambos países.

Señalaron, además, que las demandas presentadas por México en contra de fabricantes y vendedores de tales artefactos en Boston y Tucson, respectivamente, representan un enfoque novedoso y un paso adelante en la lucha contra el tráfico ilícito de tales objetos.

Consideraron como un precedente de la mayor importancia el hecho de haber visibilizado el tema a nivel de la Suprema Corte del vecino país, que desafía la inmunidad que protege a la industria armamentista y contribuye a que rindan cuentas frente a la ciudadanía.

Según el texto, se resaltó la importancia de abordar la problemática de este tipo de violencia también a través de un enfoque de salud pública, que incluya como componente central a la salud mental y emocional, y desde una perspectiva de seguridad pública.

Coincidieron en que el primer paso para combatir al crimen organizado en México es detener el suministro de armas desde Estados Unidos.

Tanto el canciller como las víctimas y activistas estadounidenses se comprometieron a “mantener un diálogo abierto, que reditúe en el beneficio” de ambos pueblos.

Un informe divulgado en enero por el Departamento estadounidense de Justicia reconoció que el 74 por ciento de las armas letales que llegan a las manos de los grupos delictivos en México y les dan poder de fuego provienen de la nación norteña.

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