Con este complot que involucra a un grupo de operadores de justicia, se pretendía destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, electa el 15 de diciembre último con más del 60 por ciento del voto popular.
De esa forma se buscaba habilitar en su lugar a su suplente, Iván Campero, con el propósito de controlar el Órgano Judicial.
Tras ser consultado la víspera a su regreso de un viaje a Perú acerca de la situación judicial del investigado Siles, Mariaca confirmó esa información,
“La comisión de fiscales que lleva adelante la investigación ha determinado elaborar una resolución de aprehensión en contra de esta persona y así también un mandamiento”, declaró ante la prensa.
Ministro hasta el viernes último, Siles cayó en desgracia cuando fue filtrado un audio en el cual presuntamente se le escucha coordinar por vía telefónica con el juez del municipio paceño de Coroico Fernando Lea Plaza un fallo contra Coaquira y a favor de su suplente, Iván Campero.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta acción contó con la participación de otras autoridades judiciales como la vocal Claudia Castro y el ahora expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) Yván Córdova.
La onda expansiva movilizó a la Unidad de Transparencia del TSJ, que denunció se trató de una operación “estructurada” desde un consorcio judicial con respaldo político.
Eso derivó en la intervención directa del TSJ y la solicitud de investigación penal.
Como resultado, ya fueron aprehendidos Castro, Campero, Lea Plaza y el abogado José Ramiro Uriarte, mientras que Córdova renunció a su cargo tras haber sido internado en un centro médico.
Ampliada la investigación contra Siles, el exministro declaró que no huirá y que se defenderá de la acusación.
El expediente fue declarado en reserva por 10 días, y el Ministerio Público anticipó que continuará con la toma de declaraciones a otras autoridades mencionadas en los audios.
Por otra parte, en un pronunciamiento leído por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, la sala plena ampliada del Órgano Judicial anunció la creación del Observatorio para Precautelar la Independencia Judicial, que vigilará permanentemente cualquier intento de injerencia, interna o externa contra este órgano del Estado.
La decisión fue asumida con la participación de los magistrados del Tribunal Agroambiental y los consejeros de la Magistratura, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad judicial, y demandaron un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que estuvo ausente.
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