Los manifestantes convergieron frente a La Fortaleza, sede del ejecutivo en el Viejo San Juan, enarbolando banderas puertorriqueñas, de República Dominicana, Haití y Palestina, entre otras, para denunciar además la complicidad de la gobernadora Jenniffer González, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), seguidora de la política neofascista de Trump.

La mandataria boricua es señalada de traición a la comunidad inmigrante, en particular a la dominicana, que constituye mayoría en el país, al entregar su administración unos seis mil expedientes de licencias de conducir de migrantes irregulares al Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en esta isla del Caribe.

Bajo el lema “Puerto Rico es tierra de migrantes”, en repudio a las redadas articuladas por el HSI, luego que su directora en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, confirmara que el gobierno de González entregó datos de migrantes irregulares.

La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux, expresó que “tenemos el llamado histórico a resistir las políticas que permiten la persecución y encarcelamiento de nuestras hermanas y hermanos migrantes”.

“Se trata de detenciones discriminatorias y arrestos masivos sin el debido proceso de ley, (por lo que) denunciamos estas violaciones de derechos y exigimos un trato digno a todas las personas sin importar su estatus migratorio”, manifestó Godineaux a nombre de los letrados colegiados del país.

La protesta en el Viejo San Juan se produjo en momentos en que en Estados Unidos también se realizaban movilizaciones contra la política de Trump dirigidas a expulsar a los migrantes, en particular los latinoamericanos.

“La colaboración del gobierno de Puerto Rico con ICE es una alta traición al pueblo, que históricamente ha convivido con las comunidades inmigrantes en nuestro país y contradice toda noción básica de derechos humanos, justicia y solidaridad”, afirmó Mari Mari Narváez, directora de la organización Kilómetro 0 al diario El Vocero.

Puso de relieve, además, que “las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo de personas migrantes en Puerto Rico no solo se están intensificando, sino que ocurren bajo total impunidad”.

La Colectiva Feminista en Construcción, muy activa en la lucha social puertorriqueña, estableció que “es hora de sacar la rabia y la indignación de las redes (sociales)” para llevarla a la calle.

Mientras, la Federación de Maestros de Puerto Rico expresó que “luchamos por un país donde los derechos humanos estén por encima de los intereses políticos y represivos”, a la vez que reclamó “respeto y dignidad para todas las personas migrantes, porque ningún ser humano es ilegal”.

Romelinda Grullón, presidenta del Centro de la Mujer Dominicana en Puerto Rico, sostuvo que “los operativos llevados a cabo a cualquier hora del día en comunidades y barrios, han desatado una verdadera crisis humanitaria, porque el terror generado ha llevado a las personas inmigrantes a no asistir a sus lugares de trabajo y hasta a los hospitales a buscar servicio”.

“En este momento tan crítico, muchas mujeres víctimas de violencia de género temen buscar ayuda, aun exponiendo su vida y las de sus hijos e hijas, por temor a ser arrestadas y deportadas, y dejar a sus hijos e hijas sin saber qué pasará con ellos y ellas”, aseguró Grullón.

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