El grupo criminal agrupaba también a agentes de tránsito y funcionarios de otros cuerpos como homicidios, infracciones a la Ley de Psicotrópicos, portación ilegal de armas y asociación ilícita.

Los sancionados por el Tribunal Penal del municipio de San Carlos en la norteña provincia de Alajuela, a petición de la Fiscalía de la zona, recibieron como pena adicional a la de cárcel una inhabilitación de cargos públicos por un plazo de 12 años,

precisa el periódico CRHoy.com.

La célula criminal del capo conocido como “Diablo”, principal prófugo de la justicia del país, operaba en la Zona Norte y estaba conformada por al menos 16 miembros, que fueron detenidos en diciembre de 2023 y utilizaban al menos dos centros turísticos para almacenar drogas y esconderse.

Según la fuente, los hechos ocurrieron entre el 1 de junio de 2018 y el 12 de octubre de 2022 cuando los sospechosos se asociaron para conformar una banda delictiva, que se encargaba de la venta, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de diversos estupefacientes.

El “catálogo” del grupo criminal comprendía cocaína, marihuana y la droga conocida como MDMA, éxtasis o XTC, aunque los crímenes incluyeron, además, el homicidio de un hombre de apellido Vallejos, ocurrido el 17 de mayo en Santa Gertrudis, en la norteña Alajuela, detalla el periódico costarricense.

Otros presuntos delitos de la banda narcotraficante fueron posesión y comercialización de armas y peculado «de uso», ya que, al parecer, oficiales de Tránsito de la localidad de La Fortuna, provincia de Guanacaste, emplearon de forma indebida equipos oficiales para apoyar al grupo narco.

De acuerdo con la Fiscalía, la causa sumó también como acusados penales a un enfermero de la Caja Costarricense de Seguro Social y a otro miembro del Ministerio de Seguridad Pública, en tanto ahora afrontan juicio otros cuatro oficiales de Tránsito y seis personas más vinculadas a la banda.

El creciente aumento del narcotráfico y sus secuelas en el país es objeto hace tiempo de críticas de legisladores, líderes comunitarios, sindicales y de entes reguladores como la Contraloría General de la República, la Defensoría de la Población, así como por representantes de Organizaciones No Gubernamentales y de organismos internacionales.

lam/apb