Las audiencias se realizarán de forma presencial en la sede del STF, salvo la del general Walter Braga Netto que comparecerá por videoconferencia debido a su condición de prisión preventiva.

El primer interrogado será Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y colaborador de la Justicia, en una sesión que comenzará a las 14:00, hora local, y se extenderá hasta las 20:00.

Cid es una figura clave en la investigación, tras haber entregado documentos y testimonios que comprometen directamente al exmandatario y a su círculo más cercano.

Si fuera necesario continuar con las interpelaciones, De Moraes ya dispuso de fechas adicionales: el 10 de junio y los días 11, 12 y el 13.

El magistrado subrayó que los acusados tienen el derecho constitucional de declarar o guardar silencio, sin que ello implique perjuicio para su defensa.

Una vez concluidos los interrogatorios, el juez elaborará un informe detallado del caso y emitirá su voto.

El documento servirá como base para el juicio en la primera sala del STF, compuesta por los ministros Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia Antunes, Flávio Dino, Luiz Fux y el propio De Moraes como relator del caso.

No hay una fecha definida para la conclusión del informe ni para el inicio del análisis, aunque se espera que el proceso sea incluido en la agenda del STF entre septiembre y octubre.

Tal juicio es considerado uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, por involucrar a una figura central de la política nacional y abordar la gravedad de los intentos de subversión del orden democrático.

El denominado núcleo duro crucial de la supuesta conspiración está integrado por exmilitares, asesores y miembros del gabinete de Bolsonaro que, según la Fiscalía, habrían planificado acciones para impedir la transmisión pacífica del poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La investigación reveló documentos, reuniones clandestinas y un borrador de decreto que contemplaba la intervención de las Fuerzas Armadas y la anulación del resultado electivo.

De confirmarse los cargos, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por delitos contra el Estado democrático de derecho.

El proceso podría sentar un precedente crucial en la defensa de las instituciones democráticas en América Latina.

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