De acuerdo con Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores, la caminata partirá esta tarde desde el céntrico parque Urracá, en esta capital, y forma parte de las medidas de presión como una huelga indefinida declarada hace un mes en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).
Los manifestantes expresarán además solidaridad con Genaro López y Jaime Caballero, dirigentes del sindicato de la construcción, apresados esta semana en lo que consideran se trata de una persecución política y también del líder de ese colectivo, Saúl Méndez, refugiado ahora en la embajada de Bolivia, bajo protección temporal por amenazas a su integridad física.
Entre otros reclamos, la protesta también rechazará el acuerdo suscrito el mes pasado entre el Gobierno y Estados Unidos en materia de seguridad que aseguran atenta contra la soberanía nacional pues permite el establecimiento de bases militares bajo el pretexto de la defensa del Canal. y la lucha contra el crimen organizado.
Desde el pasado 23 de abril, el istmo es escenario de un paro de docentes y constructores, a quienes se han sumado trabajadores del sector bananero en Bocas del Toro y pueblos originarios en rechazo a la norma que regula la seguridad social.
Las protestas, las más grandes desde las masivas manifestaciones de octubre y noviembre de 2023 contra la minería metálica a cielo abierto, han obligado a diputados a solicitarle al jefe de Estado una apertura al diálogo, vía que niega de manera constante.
La víspera en conferencia de prensa, el gobernante sentenció que la Ley 462 no será revisada.
En esa comparecencia, el mandatario defendió el contenido de la norma como producto de un amplio proceso de discusión y análisis en el ámbito legislativo.
“La Ley 462 cumple con todo lo que fue el trámite de casi seis meses de discusión, análisis, hasta la saciedad, hasta el aburrimiento. Todos los sectores involucrados plantearon desde el primer día sus posiciones, incluso aquí en la Presidencia”, recalcó.
Mulino dejó claro que esta normativa no contempla aumento en la edad de jubilación ni en la cuota que pagan los trabajadores, y enfatizó que el ajuste del tres por ciento recae únicamente sobre las empresas privadas y el Gobierno Nacional.
“El Estado panameño hará un aporte efectivo de 965 millones de dólares, dinero de todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, para reforzar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte», remarcó.
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